El Poder Ejecutivo promulgó la Ley núm. 87-26, que introduce modificaciones a la Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial, con el propósito de modernizar los servicios judiciales y facilitar el acceso a la justicia mediante procedimientos más ágiles, transparentes y seguros.
La legislación modifica los artículos 4, 5, 12 y 14 de la normativa vigente e incorpora el artículo 12.1. Entre sus disposiciones establece que la tramitación ante el Poder Judicial tendrá carácter digital prioritario, aunque garantiza que la tecnología no se convierta en una barrera para quienes no cuenten con equipos, conectividad o capacitación suficiente.
Se mantiene la opción de atención presencial
La ley reconoce el derecho de las personas a realizar sus trámites de manera presencial cuando declaren que no disponen de los medios técnicos o la formación tecnológica necesaria. De esta forma, la digitalización se plantea como una vía preferente, sin eliminar la posibilidad de acudir a las sedes judiciales.
Firmas digitales y georreferenciación
La norma amplía las disposiciones relativas a la firma digital y a la firma electrónica cualificada para documentos vinculados con procesos jurisdiccionales y administrativos. También incorpora un sistema digital de georreferenciación ministerial, administrado por el Poder Judicial, para respaldar las diligencias realizadas por alguaciles.
Ese sistema permitirá registrar en tiempo real la fecha, la hora oficial y las coordenadas geoespaciales del lugar donde se realice cada diligencia, con el objetivo de fortalecer su trazabilidad y verificación.
La Ley 87-26 también actualiza las reglas para las audiencias virtuales. Estas podrán celebrarse en distintas materias, con excepción de la materia penal, salvo los casos expresamente contemplados en la propia legislación. La normativa entrará en vigencia conforme a los plazos constitucionales y legales aplicables después de su promulgación y publicación.
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Fuentes: Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y Poder Judicial.